En 2007, después de más de veinte años de lucha de los pueblos indígenas, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que les ofrecía un marco jurídico internacional para el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos. En esta declaración quedaron recogidos el derecho a la vida y la integridad sobre su territorio, idioma, cultura, religión, salud, educación y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo.
Pese al avance histórico que supuso la Declaración, los 42 millones de indígenas que forman parte de los 522 pueblos originarios reconocidos, siguen viendo cómo sus derechos son vulnerados. En las estadísticas socioeconómicas ocupan los sitios más bajos, sus lenguas están en peligro de extinción y sus territorios ancestrales están constantemente amenazados por el avance del extractivismo y del capital inmobiliario.
La realidad hace necesario que sigamos apoyando los movimientos indígenas y que exigimos una protección contra las acciones ilegales de los gobiernos o de grupos con intereses privados.
