El confinamiento decretado por el Gobierno colombiano a causa de la pandemia mundial del COVID19 ha provocado la intensificación de la violencia y las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sindicales y comunitarios. La fácil localización de estas personas, confinadas en sus domicilios ha empeorado una situación ya de por sí crítica volviendo los niveles de violencia a niveles previos a los Acuerdos de Paz.
Las zonas rurales son las más afectadas por el retorno del conflicto armado y los ataques van dirigidos a líderes comunitarios, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes y campesinos. Las mujeres, una vez más, son dobles víctimas de la situación y su vulnerabilidad es ve agravada. Con esta crisis sanitaria y humanitaria que padece Colombia las desigualdades sociales se ven agravadas sustancialmente.
Durante el año 2019 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó al menos 108 asesinatos de personas defensoras de los Derechos humanos; en lo que llevamos de 2020, según INDEPAZ, ya han sido asesinadas 71 personas defensoras de derechos humanos y 20 ex-combatientes de las FARC-EP firmantes de los Acuerdos de Paz.
Sindicalistas Solidarios, a través de la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia hace un llamamiento al Gobierno de Ivan Luque para:
a) detener la ola de asesinatos contra personas defensoras de los derechos humanos con un plan de contingencia para la protección individual y colectiva de los liderazgos sociales y comunitarios.
b) Acordar una parada del fuego bilateral con todos los grupos armados durante las medidas preventivas contra el COVID19 y la suspensión inmediata de las acciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito con glifosato.
c) Avanzar en la implementación integral de las medidas de los Acuerdos de Paz y así garantizar en las garantías para las personas defensoras de derechos humanos que asumen tareas de liderazgo social y que apoyan la implementación de lo acordado entre las partes.
