Más de 8.000 entidades, entre ellas Sindicalistes Solidaris y la UGT de Cataluña, hemos promovido una propuesta de ley para la creación de un Centro catalán de empresas y derechos humanos, que tenga como objetivo velar para que la internacionalización de la economía catalana no genere impactos negativos y no se vulneren los derechos humanos, especialmente en los países del Sur. También se quiere que todas las empresas que operan en nuestra casa o prestan servicios en cualquier administración pública catalana respeten escrupulosamente los derechos humanos y medioambientales, tanto en el territorio catalán como en el exterior.
La propuesta de ley fue registrada en el Parlamento de Cataluña en julio de 2021, con el apoyo del PSC, ERC, Junts, la CUP y los comunes, pero todavía no ha sido tramitada, lo que demuestra una cierta doble moral política. Es necesario que este Centro sea una realidad cuanto antes.
El Centro será un organismo público e independiente que rendirá cuentas a la sociedad civil, al Parlamento y al Gobierno de la Generalitat. Su principal tarea será la de hacer seguimiento y evaluación del impacto de las empresas catalanas o transnacionales con presencia en Cataluña sobre los derechos humanos o medioambientales en comunidades o regiones de otros países. Este organismo público supondrá un importante avance en la regulación del sector empresarial con el fin de preservar los derechos humanos de toda clase. Más de 3.000 empresas catalanas operan en el exterior, de forma directa o mediante más de 7.500 filiales.
